No sé qué fin justifica la corrupción política en la administración pública, la verdad. Pero bueno, corrupción de ese tipo la hay en mi país, en el tuyo y en cualquiera en el que sea mínimamente posible. En el caso de España hay corrupción por todos lados, algo que principalmente constituye un delito contra la administración pública y en muchos casos puede suponer actuaciones anticonstitucionales. Una lástima que el gobierno utilice el poder judicial o, mejor dicho, a la policía judicial como pantalla para desviar la atención a un lugar donde realmente no está el origen del problema. El caso es que el derecho penal está ahí pero por alguna razón no se aplica como debería hacerse. La policía persigue los delitos y los jueces los castigan, pero solo se pueden perseguir y castigar los delitos tipificados y atendiendo a la gravedad con la que sea considerado ese delito y a las penas adjuntas al mismo, labor de las cortes. Lo que falla es lo de arriba.